IU denuncia que Marruecos sigue introduciendo productos del Sáhara Occidental en la UE pese a la sentencia del TJUE
izquierdaunida.org.- Los eurodiputados de Unidas Podemos Sira Rego y Manu Pineda piden a la Comisión Europea que controle esta práctica fraudulenta que contraviene lo establecido por la corte europea, que dejó claro que en ningún caso se pueden incluir en los acuerdos comerciales con Rabat los productos saharauis. Proponen que se obligue a etiquetar los productos indicando su verdadera procedencia.
Los eurodiputados de Unidas Podemos Sira Rego y Manu Pineda han denunciado ante la Comisión Europea que Marruecos sigue incumpliendo las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) al estar introduciendo en el mercado comunitario productos provenientes del Sáhara Occidental.
En una pregunta escrita, se hacen eco de las denuncias de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), que a finales de la pasada semana señalaban en un comunicado cómo el reino de Marruecos está reforzando su sistema logístico para amentar este tipo de exportaciones agrícolas fraudulentas y saltarse así la sentencia del TJUE, que estableció que bajo ningún concepto se podría incluir al acuerdo comercial entre Bruselas y Rabat los territorios del Sáhara Occidental.
Rego y Pineda explican cómo la multinacional francesa de transporte marítimo CMA ha puesto en marcha una nueva ruta comercial que conectará el puerto de Dajla, en el Sáhara Occidental ocupado, con el puerto español de Algeciras, haciendo parada en los principales puertos marroquíes.
“Esto contravendría la resolución del TJUE del 21 de diciembre de 2016, que dictamina que el Sáhara Occidental es un territorio separado de Marruecos y, por tanto, cualquier acuerdo que lo afecte deberá negociarse con el Frente Polisario”, indican en su escrito a la Comisión Europea.
Los eurodiputados solicitan a la UE que revise la entrada de productos saharauis a través de esta nueva ruta para garantizar el cumplimiento de dicha sentencia. Asimismo, indican que esta operativa marroquí supondrá un gran perjuicio “tanto para la población cuyos recursos son esquilmados por grandes multinacionales, como para la producción local de la UE”. Además, proponen que se obligue a etiquetar todos los productos con su verdadero origen, de manera que se certifique las violaciones que estaría cometiendo Rabat.
En este sentido, Rego subraya que “si la legislación europea impone que todas las frutas y hortalizas frescas que se comercializan en la UE deben incluir en su etiquetado el país de origen, un acuerdo comercial injusto como el que Bruselas ha firmado con Marruecos pese a las sentencias del TJUE, debe tener en cuenta también este aspecto y proteger a nuestras y nuestros agricultores”. La Comisión Europea, añade, “no puede estar por encima de esa sentencia, por mucho que busque afianzar sus lados económicos con Marruecos y sus acuerdos en matera migratoria”.
“Sabemos que la revisión que se hizo de ese acuerdo no tuvo en cuenta realmente los intereses del Sáhara Occidental” y que “el Gobierno comunitario empleó todos los subterfugios posibles para incumplir las decisiones que toma su propio tribunal”. “Sabemos que el Gobierno español juega un papel destacado en la promoción y en el lavado de cara continuo que se le pretende dar a Rabat” y “no vamos a dejar de denunciar estas situaciones, que lo único que hacen ese seguir sometiendo al pueblo saharaui”.
En ese sentido, Pineda recuerda que “mientras que la Comisión Europea siga teniendo esta actitud no solo estará violando su propia legislación, sino que además seguirá incumpliendo la legislación internacional y las resoluciones de Naciones Unidas”.
Esas resoluciones “son bien claras respecto al derecho del Sáhara Occidental a acceder a la autodeterminación a través de un referéndum libre”. “Con este acuerdo y la permisividad y la vista gorda que hace Bruselas de las constantes violaciones de los derechos humanos y la persecución a los y las activistas saharauis, está perpetuando el expolio y sometimiento de un pueblo que, insistimos, tiene el legítimo derecho de decidir su futuro y qué hacer con sus propios recursos”, reclama.
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